El gobierno se niega a cambiar de rumbo: no tiene en cuenta la urgencia social y ecológica
Desde hace varias semanas, un profundo sentimiento de injusticia se ha expresado en todo el país a través del movimiento del “chaleco amarillo”. Donde se esperaba un cambio de rumbo, el ejecutivo propone sólo suspensiones temporales de medidas impopulares que no resolverán la situación más frágil ni actuarán eficazmente ante la emergencia climática. Donde se necesitaban decisiones fuertes y valientes para reducir las desigualdades, mejorar la situación de los más pobres y precarios y, al mismo tiempo, dotar a la vez de mayor ambición a una política ecológica de la que tanto se carece, el poder ejecutivo simplemente aplaza todas las decisiones importantes hasta después de las elecciones europeas, como si fuera posible pasar por encima de la situación actual y hacer caso omiso de la realidad de las vidas cotidianas de nuestros conciudadanos.
La negativa a dar un impulso al salario mínimo o a aumentar los mínimos sociales es una bofetada en la cara de todos aquellos que no pueden llegar a fin de mes. La mayoría En Marcha hizo lo mismo con los pensionistas el lunes, votando sin pestañear sobre el proyecto de ley de financiación de la seguridad social y excluyendo así cualquier posibilidad de reajustar las pensiones de jubilación a la inflación. El ejecutivo claramente no ha comprendido el alcance de la ira social que se está expresando en el país.
Que Bruno Le Maire y Edouard Philippe intenten reducir la movilización de los chalecos amarillos a una aspiración poujadista de “menos impuestos” indica la poca consideración que pueden tener hacia estos cientos de miles de personas que se están movilizando contra la política fiscal desigual, injusta e ineficaz del gobierno. ¿No han escuchado los llamamientos a abolir las exenciones fiscales a los más ricos (ISF), a los poseedores de capital (Flat tax) o a las multinacionales (CICE) para mejorar la situación de los más vulnerables y financiar servicios públicos que están cada vez más lejos de donde viven las personas? ¿Creen que el hecho de hundir el proyecto de impuesto europeo sobre las transacciones financieras y ratificar un impuesto mucho menos ambicioso de lo esperado sobre los GAFA puede “apaciguar” el sentimiento de injusticia fiscal que atraviesa el país?
Tal sordera e intransigencia raya en la provocación. No se administra un país como se administra una nueva empresa, en la que se podría suspender una movilización social a gran escala con algunas medidas temporales y una consulta cuyas líneas generales no se han especificado. El gobierno, obligado a conceder algunas medidas bajo la presión de las movilizaciones en curso, está tratando de apagar un incendio con regaderas perforadas: es poco probable que lo logre.
Emmanuel Macron y su gobierno no están respondiendo a la ira social o a la emergencia climática. Mientras que la COP24 se inauguraba en Polonia, el gobierno ha reducido su ambición de luchar contra el cambio climático, planeando aumentar las emisiones de CO2 en un 6% más que los objetivos anunciados en los próximos cinco años. ¿Dónde está la ambición climática, que se ha perseguido regularmente en las últimas semanas para justificar la imposición ineficaz e injusta del carbono? ¿Por qué el gobierno se niega a cambiar los aumentos de los impuestos sobre el carbono en los emplazamientos industriales más contaminantes del país, que ahora están en gran medida exentos de ellos[1]?
Para Attac, estas políticas social y ecológicamente injustas deben ser combatidas con la misma determinación. Frente a la intransigencia de Emmanuel Macron y su gobierno, que se niegan a cambiar sus políticas, Attac hace un llamamiento a sus partidarios, miembros y comités locales para que refuercen las movilizaciones actuales, para que den a conocer sus análisis y propuestas y para que estén en las calles en gran número el 8 de diciembre, el día de la movilización internacional por la justicia climática y el cuarto día de la movilización de las chaquetas amarillas.
[1] Trasladar los impuestos sobre el carbono a las empresas más contaminantes y hasta ahora exentas en gran medida.
