A estas alturas ningún análisis medianamente objetivo pondría en duda que la construcción del nuevo mercado central (300 plazas de aparcamiento incluidas) supondría un paso atrás en la sostenibilidad ambiental, en la movilidad urbana y en la protección del patrimonio arqueológico y cultural de nuestra ciudad. Pero si además tenemos en cuenta los resultados electorales de las últimas elecciones locales, en las que los ilicitanos e ilicitanas votaron mayoritariamente a partidos políticos que, durante la campaña electoral, manifestaron su intención de poner fin al proyecto del mercado central, las justificaciones utilizadas por quienes quieren continuar con el proyecto a toda costa se convierten en simples excusas.
Uno de esos argumentos gira en torno a los supuestos beneficios económicos asociados a la construcción del nuevo mercado. Sin embargo, como suele ocurrir con los “proyectos estrellas” elaborados sin participación ciudadana y sin transparencia, los datos disponibles (a la espera de que el Ayuntamiento haga público el expediente completo) apuntan más bien hacia serios riesgos para las arcas públicas en forma de sobrecostes, desprotección en el caso de quiebra de la empresa adjudicataria, multimillonarias pérdidas de ingresos por exención de impuestos, o pérdida de patrimonio público. Unas consecuencias a las que habría que sumar la evidente repercusión negativa sobre el comercio tradicional y la economía local.
Conviene recordar que son muchos los estudios que avalan el impacto positivo del comercio tradicional para los municipios donde éstos se encuentran ubicados. Ello es debido a las altas tasas de reinversión en la economía local de buena parte de los beneficios obtenidos (que pueden llegar a superar el 50%), lo que contrasta con las bajas tasas de retorno a la comunidad del flujo económico generado alrededor de las grandes superficies comerciales. También está demostrada la mayor capacidad del comercio de proximidad para crear más empleo (tanto directo como indirecto) y de mayor calidad, siendo una pieza clave para que los productores locales puedan acceder a la cadena de distribución y, además, en condiciones justas. Por todo ello, parecería lógico que el Ayuntamiento protegiera y promocionara este tipo de comercio tan valioso para la economía local, sobre todo teniendo en cuenta la preocupante situación de este sector tras muchos años consecutivos de pérdida de peso en el conjunto de la actividad económica. Pero, ¿realmente se está defendiendo el comercio de proximidad con el proyecto del nuevo mercado central? La respuesta es un rotundo no.
En primer lugar, porque los placeros se van a ver obligados a hacer frente a un incremento del coste de la concesión de sus puestos de más del 300%, llegando incluso a superar el 400% si incluimos otros gastos que anteriormente tenían incluidos en el canon y ahora no lo están. Asimismo, se van a ver sometidos a nueva competencia (también los comerciantes de la zona) y a la política de un centro comercial que, lógicamente, responderá a los intereses de la empresa adjudicataria (no creo que seamos tan ingenuos para pensar que éstos coinciden con los de los pequeños comerciantes), lo que afectará no sólo a la cantidad, sino también a la calidad del trabajo.
Por otro lado, el Ayuntamiento dejaría de controlar una herramienta fundamental para dinamizar la actividad económica de la zona y favorecer la viabilidad de estas pequeñas empresas. Por no hablar de la merma en las arcas públicas municipales como consecuencia de la exención de impuestos y la pérdida de patrimonio público (con un montante total muy superior a los 10 millones de euros -sin IVA- establecidos en el contrato con la concesionaria), un capital que podría ser invertido en ésta y en otras zonas de la ciudad para, entre otras cosas, facilitar la distribución de productos de nuestras pymes y del Camp d’Elx y aumentar así las opciones de la ciudadanía para optar por un consumo responsable y más beneficioso para la comunidad.
Y, por descontado, tampoco debemos olvidar el impacto económico en el sector turístico. Ya que en este momento en el que todos los indicadores señalan que el turismo cultural se encuentra en pleno auge (no hay que olvidar que cada euro invertido en patrimonio cultural genera más de 20 de beneficio y que el sector produce hasta 26 trabajos indirectos por cada trabajo directo) y mientras buena parte de las ciudades europeas intentan cuidar y promocionar su patrimonio para convertirlo en uno de sus motores de desarrollo económico y social, nuestros representantes políticos apuestan por congestionar de tráfico las calles más emblemáticas de uno de nuestros patrimonios de la humanidad. Todo un despropósito…
¿Quién dijo coste cero?
Publicado en Diario Información (7/5/2017)
